1.3. La legitimación de la jurisdicción en nuestro sistema democrático

Si la soberanía reside en el pueblo español y la justicia emana del pueblo (arts. 1.2 y 117.1 CE), queda claro que en nuestra Ley Fundamental existen dos fuentes legitimadoras de la Jurisdicción: la una, directa e inmediata, es la del Jurado, en tanto que institución de participación popular en la que los ciudadanos ejercitan directamente y por sí mismos la función jurisdiccional (art. 125); la otra, habida cuenta de que la Constitución otorga en exclusiva a los Juzgados y Tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3), ha de determinarse de una manera indirecta o mediata, esto es, preguntándose por la causa de la entrega por la Constitución del monopolio de la justicia a la Jurisdicción.

Lo que una sociedad democrática reclama de los Juzgados y Tribunales es la solución de los conflictos mediante la imparcial aplicación del Derecho objetivo.

Por esta razón, el art. 117.1, después de afirmar que "la justicia emana del pueblo", establece que se administra "por jueces y magistrados, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Y sintetizando el contenido del precepto, se puede concluir que la causa que legitima, en nuestra CE, la atribución del monopolio de la potestad jurisdiccional, por parte del pueblo a sus Juzgados y Tribunales reside en su independencia y sumisión a la ley.