5.2. La responsabilidad personal de jueces y magistrados

La independencia judicial tiene como contrapartida la existencia de responsabilidad del Juez por los daños que pueda cometer en el ejercicio de su función jurisdiccional.

El art. 296 LOPJ consagra la responsabilidad directa del Estado por los daños cometidos por los jueces a causa del error judicial o del funcionamiento anormal de la justicia, todo ello sin perjuicio de que, una vez el Estado haya resarcido al justiciable, pueda repetir la indemnización contra el juez, siempre y cuando haya incurrido en dolo o culpa grave que habrá de ser apreciado, bien en una sentencia, bien en una resolución disciplinaria del CGPJ.

La responsabilidad penal del Juez ha de dilucidarse cuando haya cometido un delito en el ejercicio de su función jurisdiccional (ej. prevaricación).

En tal caso, se interpondrá directamente la querella ante el órgano jurisdiccional en que esté aforado el Juez o Magistrado, determinado en la LOPJ.

El procedimiento puede iniciarse de oficio, mediante providencia del Tribunal competente o a instancia de parte, pero siempre mediante querella, pueden instar esta responsabilidad el MF, el perjudicado e incluso, mediante acción popular, cualquier ciudadano (art. 406).