10.3. Regulación legal del Jurado

La configuración del jurado corresponde al Poder Legislativo, ya que el art. 125 CE deja claro que el derecho al jurado participa de la naturaleza de los derechos de configuración legal, por lo que, dentro de los límites, las Cortes Generales son dueñas absolutas en la necesaria regulación de esta institución.

La Ley Orgánica 5/1995 zanjó la especulación sobre el modelo de jurado que se implantaría en España. El legislador optó por establecer un jurado de tipo anglosajón compuesto por nueve ciudadanos extraídos por sorteo del censo electoral de cada provincia, a quienes se atribuye la función de dictar el veredicto. El Tribunal del Jurado estará presidido por un magistrado. Queda claro que el juicio del jurado tendrá lugar sólo en el ámbito de los órganos jurisdiccionales colegiados citados, y que se celebrará con mayor frecuencia en las Audiencia Provinciales.

La Ley reguladora del jurado ha respondido a las llamadas de prudencia que aconsejaban una instauración paulatina del jurado, delimitando su competencia objetiva con cautela, reduciéndola a una serie muy concreta de delitos, caracterizados por la ausencia de excesiva complejidad en la acción típica o por ser elementos normativos que lo integran más aptos para su valoración por los ciudadanos, ajenos al ejercicio habitual de la función judicial.