16.2. Contenido esencial del derecho de acción

El derecho de acción comprende en el ordenamiento español el derecho de acceso a la Justicia, como necesario prius lógico para obtener la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva engloba, por supuesto, el derecho de acceso a la justicia, pero su contenido tiene un superior alcance.

La titularidad corresponde a todos, es decir, a todos los sujetos del Derecho, tanto a las personas jurídicas, privadas y públicas, tengan o no plena capacidad jurídica, como a las físicas (incluido el nasciturus), sean nacionales, residentes de la UE o extranjeros, legalizados o no en España. Y es que el derecho a la tutela judicial es un derecho humano proclamado por los Pactos Internacionales.

Pero que la CE otorgue este derecho a todos no significa que el OJ no pueda establecer válidamente determinadas restricciones a los incapaces. De hecho los arts. 6 y 7 LEC o 102 LECrim distinguen entre la capacidad para ser parte y de actuación procesal, debiendo suplir la incapacidad y comparecer sus legales representantes. Ahora bien, incluso en tales casos, la titularidad del derecho pertenece a quien ostenta la capacidad para ser parte, es decir, a los incapaces.

El derecho de acción asiste, tanto con respecto a quien desee acceder al proceso para interponer una pretensión, esto es, al actor en el proceso civil y al querellante o acusador en el penal, como a quien tenga que comparecer en el proceso como parte demandada o imputada, si bien el art. 24 CE denomina también a este derecho del imputado como derecho de defensa.