21.2. Requisitos de los actos procesales

La LOPJ determina el período ordinario de funcionamiento de lo Tribunales (año judicial), que se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio de cada año (art. 179 LOPJ). Pero además, las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles.

Son días hábiles todos los comprendidos dentro del período ordinario, excepto los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos de cada Comunidad Autónoma o localidad.

En el orden jurisdiccional penal, todos los días del año y todas las horas son hábiles para la instrucción de las causas criminales.

Horas hábiles son las que van desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.

Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad que se concede a los Jueces, Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia (art. 131.1 LEC) de habilitar días y horas inhábiles.

El plazo consiste, por tanto, en la determinación de un periodo de tiempo, dentro del cual puede realizarse el acto procesal, lo que exige un plazo inicial (dies a quo) y otro final (dies ad quem). Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en el que se hubiere efectuado el acto de comunicación. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Tratándose de plazos señalados por meses, se computarán de fecha a fecha. Los plazos pueden ser materiales y procesales. Son materiales los que afectan a derechos subjetivos contemplados en el CC y tienen la virtualidad de que se computan todos, hábiles e inhábiles.

El término es un momento en el tiempo, determinado por un día, e incluso, un día y una hora, en el que precisamente tiene que realizarse el acto procesal.