7.2. La sociedad en Hispania

El elemento predominante de la población de la Hispania romana continuó siendo la población indígena, en tanto que la emigración de ciudadanos romanos no fue considerable. En el Alto Imperio tiende a fundirse por el avanzado e intenso grado de romanización, dando lugar a la constitución de una sociedad hispanorromana a partir del siglo II, cuyas estructuras fueron el resultado de la diversificación jurídica y económica que afectaba a sus habitantes y de la adaptación a la estructura social romana.

En las provincias hispanas se diferencian dos grandes grupos: libres o ingenuos y esclavos o siervos.

En la Roma republicana entre los libres se diferencian dos clases diferentes: patricios (senadores, dueños de grandes propiedades) y plebeyos (con condición jurídica libre, como artesanos y pequeños comerciantes urbanos; y gentes con libertad restringida, como libertos y encomendados) y entre ambas clases los equites (orden ecuestre) formada por ciudadanos acaudalados que en principio podían costearse el servicio militar a caballo y que están llamados a convertirse en una clase social dinámica, dedicada preferentemente a actividades mercantiles y a la magistratura.

En la etapa del Alto Imperio la sociedad tuvo una notable evolución debido a la fusión de la nobleza senatorial con la de los equites y la asimilación a la misma de los grandes propietarios territoriales, y sobre todo a la formación (desde tiempos de Augusto) de una clase media desarrollada principalmente en las ciudades provinciales que se convertirán en el principal soporte socioeconómica del Principado.

Desde el Imperio la sociedad romana se jerarquizó en un sistema de castas (estratificación social en función del poder económico) que diferencia a los llamados honestiores (senadores, ilustres y especiales) de los humiliores (plebe y semilibres) y de los mediocres (grupo compuesto por sacerdotes, decuriones, militares, negotiatores).

En el Bajo Imperio estas diferencias se radicalizaron, aparecen dos grandes grupos antagónicos: honestiores (aristocracia senatorial y burocrática, los grandes propietarios y la burguesía ciudadana) y los humiliores (plebe urbana: artesanos y comerciantes, y rural: pequeños poseedores y colonos).

Esta organización vertebró a grandes rasgos la estructura social de la Península Ibérica donde al ponerse en contacto la población indígena con la clase romana de los equites, también se fusionó con las clases inferiores (cultivadores y plebe urbana y los esclavos de uno y otro pueblo).

Al quedar la península pacificada en tiempos de Augusto los senadores y los equites habían sido ya sustituidos en su influencia por las clases medias, en las que estos se apoyaron firmemente.

En el Bajo Imperio quedó constituida en las provincias hispanas una sociedad formada por dos únicas clases: superior y poderosa (senadores, latifundistas, grandes funcionarios de la administración imperial, que evolucionará hacia la desaparición de los equites) y una clase media urbana (empobrecida y que había perdido ya toda su función rectora) o rural (en la que había disminuido ya el número de los pequeños propietarios).

Por debajo de estas dos capas sociales estaba el pueblo formado por individuos de condición jurídica libre o con libertad restringida por situaciones como la de liberto, cliente, patrocinado o encomendado (situaciones en que frecuentemente incurrieron los colonos y pequeños propietarios a los que se impedía abandonar la tierra que cultivaban) que según habitase la ciudad o el campo constituía la plebe urbana o la plebe rústica.

Por otra parte había también un número considerable de esclavos que no tenían consideración jurídica de persona sino de cosa, siendo objetos del derecho, no sujetos, es decir, estaban bajo la potestad de su dueño (que podía ser un particular, una institución o una ciudad) que ejercía sobre ellos todas las facultades inherentes al derecho de propiedad, pudiendo venderlos o transmitirlos. En la condición de siervo se incurría por haber nacido de padres siervos, por cautiverio de guerra, por la entrega voluntaria del individuo en servidumbre o por pena o deuda en cumplimiento de una obligación contraída. Podían abandonar dicha condición mediante la manumisión, que hacía del siervo un liberto.

Además estaban los grupos de judíos (que desde la constitución de Antonio Caracalla del 212 tuvieron una situación jurídica especial) y los extranjeros (bárbaros) cuyas relaciones con el Imperio se enmarcaban dentro de acuerdos políticos (foedera), establecidos sistemáticamente desde el siglo IV, que les proporcionaban protección jurídica.