41.1. La Hacienda en la edad moderna

Tres fueron las características de la hacienda del Antiguo Régimen: en primer lugar, su diversidad, por cuanto cada uno de los antiguos reinos mantuvo un régimen propio. En segundo lugar, el reconocimiento, junto al sistema fiscal ordinario, de otro singular.

Finalmente, las figuras impositivos, nuevas o heredadas de la época anterior, que coexisten y se multiplican para hacer frente a las necesidades de un Estado hegemónico, y sometido a costosos dispendios.

Se distingue entre impuestos directos e indirectos. Destacan cinco grandes categorías tributarias: los impuestos en general, las regalías o derechos financieros inherentes al poder soberano, las rentas procedentes de contribuciones eclesiásticas, los propios servicios y un conjunto de ingresos extraordinarios donde destacan los préstamos que la Corona obtiene de banqueros, y los empréstitos de juros y vales reales que un una fase avanzada darán lugar a la deuda pública.

Los gastos ordinarios correspondieron a la edificación, reparación y mantenimiento de las casas reales, vida cortesana, salarios de funcionarios, coste del cuerpo diplomático, y sobre todo, del ejército y las frecuentes guerras.

Órgano supremo de la administración financiera fue en Castilla el Consejo de Hacienda.

El insatisfactorio grado de centralización llevó luego a establecer una tesorería General bajo el control del Consejo. Fue creada una Superintendencia General de Hacienda, nombrándose en 1691 diversos intendentes o superintendentes, dependiendo del maestre racional y bayle general. En Navarra persiste la Cámara de Comptos como órgano central de administración financiera.

El recaudo y control de los servicios votados en Cortes, desde 1590, corrió a cargo de una pequeña junta de procuradores llamada Comisión de millones, la cual fue incorporada en 1658 al Consejo de Hacienda como una sala más del organismo.

En la administración central borbónica los asuntos de hacienda corrieron a cardo desde 1714 de un veedor y de un intendente universal. Desde 1715 existió una Secretaría de Estado y Despacho para estas cuestiones, compatible con el mantenimiento de un Consejo devaluado durante toda la centuria. La administración financiera quedó en las provincias a cargo de los intendentes y en los distritos municipales a cargo del corregidor.