44.2. El rey y las Cortes

Salvo la fugaz excepción de la primera República, el Estado liberal se articuló en forma de monarquía parlamentaria, con un rey cuyo peso institucional y poderes políticos fueron variables según las épocas. El monarca encarna el poder ejecutivo, que a menudo aparece limitado por las atribuciones de las Cortes y comparte frecuentemente con ellas la potestad legislativa.

El rey ostenta la máxima representación de la nación, declara la guerra y ratifica la paz, dando cuenta documentada a las Cortes; dirige las relaciones diplomáticas con otros países; expide los decretos conducentes a la ejecución de las leyes; dispone de la fuerza armada; decreta la inversión de fondos; acuña moneda y designa y separa libremente a los ministros. Le corresponde el nombramiento de los funcionarios civiles y militares.

Antes de contraer matrimonio, deberá comunicarlo a las Cortes. Necesita una autorización especial para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio, para admitir tropas extranjeras y para abdicar la Corona.

La sucesión se rige por los principios del derecho castellano, el orden queda fijado por los derechos de primogenitura y representación, prefiriéndose la línea anterior a las posteriores, el grado más próximo a la más remota, el varón a la hembra y la mayor a la menor edad. El establecimiento de la regencia durante la minoridad responde, según las Constituciones, a distintos criterios. Fernando VII designó a su mujer como reina regente y gobernadora. La Constitución de 1876 hizo recaer la regencia en el padre o la madre del rey, y en su defecto, en el pariente más próximo.