46.2. La Administración territorial

España entró en el XIX con una división territorial organizada en circunscripciones de índole fiscal, sin significación en los gubernativo y judicial. La tarea debía consistir tanto en reordenar el territorio.

La primera reforma fue emprendida por José Bonaparte, quien dividió el país en circunscripciones, articulando el territorio por un decreto de 1810 en 38 prefecturas y 111 subprefecturas. Cada unidad mayor daba cabida a tres de las menores, excepto en los casos de Ciudad Real, Cuenca, Madrid y Teruel, cuyas prefecturas contenían dos subprefecturas, y en Murcia, donde había cuatro.

Tras esta organización episódica, las Cortes de Cádiz ordenaron en el texto constitucional que una ley efectuase la división del territorio. En 1822 España quedó dividida provisionalmente en 52 provincias.

En 1823, queda nulo todo lo hecho por el “gobierno constitucional” y en consecuencia era nula esa reforma provincial que no había llegado a cumplir dos años.

En 1833 Francisco Javier de Burgos accede al Ministerio de Fomento y se le encarga la división civil del territorio español. En solo 48 horas crea en todas las circunscripciones los Subdelegados de Fomento y ordena publicar el Diario de la Administración, y en 20 días remitió un decreto con la nueva división provincial, vigente con algunos retoques nada menos que hasta hoy.

Una operación de tal magnitud, concluida en tan breve plazo, o estaba ya preparada o se hizo sobre elementos anteriores. La división de 1833 ha sido a veces tildada de artificiosa y geométrica, de desigual en el reparto, y de haber resistido en nuestros días al Estado de las Autonomías, aunque no si sufrir algunos reajustes.