47.1. La Administración de Justicia

Dos rasgos caracterizan la administración de justicia en el siglo XIX. De una parte, la diferenciación de la función judicial de la legislativa y ejecutiva. La Constitución de Cádiz estableció ya que las causas civiles y criminales correspondiesen exclusivamente a los tribunales. De otra parte, la reducción de las jurisdicciones especiales. La mercantil y las correspondientes a tribunales especiales, fueron extinguidas por el Decreto de unificación de fueros de 1868, texto que también puso fin a los juzgados especiales de Hacienda. Desde entonces se mantuvo exclusivamente la jurisdicción eclesiástica, así como la de Guerra y Marina para los delitos y faltas contemplados en las ordenanzas militares.

En la organización de los tribunales ordinarios cabe apreciar una primera fase, con el conjunto de las disposiciones fijadas en Cádiz; una segunda centrada en las reformas del bienio 1834-1835; una tercera relativa a los proyectos ulteriores, y la cuarta y última en torno a la importante Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

La Constitución de 1812 hace referencia a la organización judicial en su título V. A tenor de lo previsto en el texto de Cádiz, los órganos judiciales quedaron jerárquicamente escalonados en un Tribunal Supremo, las Audiencias y los Juzgados de partido.

Al Supremo Tribunal de Justicia correspondía dirimir los conflictos entre las Audiencias y oír dudas sobre la inteligencia de las leyes; juzgar a los ministros; conocer de la separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados de las Audiencias; así como decidir los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos y los de nulidad de las sentencias de las Audiencias.

Las Audiencias conocían en apelación de todas las causas civiles y criminales de los juzgados inferiores, resolviendo las cuestiones de competencia. A los jueces de partido se otorgaban las atribuciones que les señalaran las leyes.

Las normas constitucionales fueron desarrolladas por dos decretos. En 1812 se aprobó el Reglamento de las Audiencias y Juzgados; y otro en 1814 sancionó a su vez el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia. Este último apenas pudo entrar en vigor pero sirvió de antecedente al que luego habría de dictarse en 1835. El primero reorganizó la planta de tribunales, esbozó las normas aseguradoras de su independencia, previó los criterios para llevar a cabo las demarcaciones territoriales y dejó sentadas las competencias de los jueces. Dispuso asimismo la creación de una Audiencia más en ultramar y de cuatro en la Península.

Se estableció también que las Diputaciones provinciales fijaran, de acuerdo con las Audiencias, una distribución provisional de los partidos judiciales.