47.2. La Iglesia y el Estado

El régimen bonapartista estaba estrechamente asociado a la Iglesia. El Estatuto de Bayona declaró a la religión católica como “religión del rey y de la nación”, diseñó las Cortes con un estamento eclesiástico compuesto de veinticinco arzobispos y obispos, y el propio José I, como protector de la Iglesia.

La Constitución invoca a la Santísima Trinidad y reconoce la religión católica como única y verdadero, como propia del Estado. Desde entonces, la cuestión religiosa se perfila como factor principal de diferenciación política.

Si grave fue el sectarismo de los liberales, no resultaron más tolerantes los absolutistas a los largo de la década siguiente. Estos obligaron a los prelados liberales a renunciar a sus sedes para sustituirles por eclesiásticos extremistas. La jerarquía eclesiástica quedó así alineada con los restauradores del absolutismo.

José I abolió formalmente la Inquisición aunque de hecho ella siguió existiendo. Sin que se alzara una sola voz contra la unidad católica de España, sus detractores abogaron por suprimirla en base a tres razones principales: a) no era una institución esencial a la vida de la Iglesia, b) el juicio sobre las materias de fe y moral correspondía a los obispos; c) la Inquisición era contraria a la Constitución misma. Tras ásperas discusiones se decide que el Santo Oficio era irreconciliable con la carta constitucional, procediendo en consecuencia la extinción.

Con el retorno absolutista la Inquisición fue restaurada en 1814, siendo de nuevo suprimida por los liberales al hacerse con el poder en 1820. Tres años más tarde, presentes otra vez los absolutistas, el Santo Oficio queda rehabilitado.

Al iniciarse la regencia de María Cristina, un decreto de 1834 puso punto final a la historia y abolió definitivamente el Santo Oficio.