1.8. Las prohibiciones de disponer

Constituyendo la facultad de disposición la regla general y cotidiana, existen no obstante una serie de supuestos muy diversos en los que el ámbito de actuación del propietario ve constreñido su capacidad dispositiva, en atención a razones de índole distinta: supongamos, la Ley puede decretar que exista una dimensión mínima de las fincas rústicas (con lo cual determinados propietarios no podrán dividir indefinidamente sus fundos); o impedir que los particulares enajenen a extranjeros ciertas fincas (por razones de defensa nacional) o bienes muebles (un cuadro de Velázquez, que constituye un patrimonio cultural de nuestra Nación); o que los bienes del declarado fallecido no puedan enajenarse por sus herederos hasta que no transcurra un plazo complementario desde la declaración de fallecimiento.

Aunque sin pretensión exhaustiva alguna, conviene relatar algunos de los supuestos fundamentales en los que el legislador, de forma directa y sin ambages, impone prohibiciones de disponer, señalando a continuación de cada una de ellas, aunque muy brevemente, la ratio legis de los correspondientes preceptos:

  • Establece el artículo 196.2 del Código Civil que "Los herederos [del declarado fallecido] no podrán disponer a título gratuito hasta cinco años después de la declaración de fallecimiento". Se trata de una medida cautelar de protección del patrimonio del declarado fallecido.

  • El artículo 525 del propio Código, al disponer que "Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título", está dando por sentado el carácter personalísimo de tales derechos, cuyo estudio vemos en próximos capítulos.

  • La legislación vigente en materia de patrimonio histórico español, establece toda una variopinta suerte de prohibiciones de disponer sobre los bienes muebles o inmuebles que hayan de considerarse integrados en dicho patrimonio, en atención –claro está- a razones de interés público y general para el conjunto de la ciudadanía española.

  • La Ley 41/2003 tiene como objeto la consolidación de un patrimonio para la persona con discapacidad que permita su mejor integración en la sociedad y su desarrollo integral y, en consecuencia, introduce límites de disposición en relación con los bienes del patrimonio protegido.

Las mismas razones que se acaban de explicitar llevan a nuestro Derecho privado vigente a contemplar con un notorio desamor las denominadas prohibiciones voluntarias de disponer, ya encuentren origen en actos a título gratuito, ya nazcan a consecuencia de pactos ínsitos en negocios a título oneroso.