1.11. Referencia a las propiedades rústica y urbana

El Código Civil no se preocupa de la perspectiva que pudiéramos denominar dinámica de la tierra (las explotaciones agrarias) sino única y exclusivamente del aspecto estático de la titularidad dominical de los predios o fincas. El régimen franquista mantuvo el escaso conjunto de disposiciones republicanas y dictó a partir de 1930 otras numerosas disposiciones que fueron refundidas en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

Con posterioridad, ya en tiempos democráticos y bajo el gobierno de la formación política liderada por el Presidente D. Adolfo Suárez González (la Unión de Centro Democrático), se han publicado dos Leyes que es necesario reseñar: la Ley de fincas manifiestamente mejorables, de 16 de noviembre de 1979; y el denominado Estatuto de la Explotación familiar agraria y de los agricultores jóvenes, regulado por la ley 49/1981, de 24 de diciembre (que modifica y deroga, parcialmente, la LRDA).

La primera de tales Leyes asumió explícitamente en su articulado que "el cumplimiento de la función social de la propiedad de fincas rústicas, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada de su titular, obliga:

  • A que sea explotada la tierra con criterios técnicos económicos apropiados según su destino agrario más idóneo, o utilizada para otros fines, sin perjuicio de la debida rentabilidad para el particular, atendiendo en todo caso al interés nacional.

  • A que en las fincas de aprovechamiento agrario se realicen las transformaciones y mejoras necesarias para conseguir la más adecuada explotación de los recursos naturales disponibles... siempre que las inversiones necesarias sean rentables desde un punto de vista económico y social.

  • A que en la empresa agraria se preste el trabajo en condiciones adecuadas y dignas y a que se efectúen... las inversiones necesarias de carácter social que sean proporcionadas a la dimensión e importancia de la empresa, teniendo en cuenta la rentabilidad de ésta, para la promoción de sus trabajadores" (art. 2 LRDA).

Dispone el art. 8.2 del TR de la Ley del Suelo en relación con el suelo rural que "las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadera, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales".

La propiedad urbana o urbanística, ha sido objeto de constante atención por el legislador en la segunda mitad del siglo XX. Pese a todo, la agresión a los cascos históricos de las ciudades y la falta de una verdadera planificación urbanística han continuado campando por sus fueros hasta tiempos bien recientes, en los que los poderes públicos se han sensibilizado definitivamente del problema.