1.4. Actos que no causan estado, actos firmes o consentidos y actos confirmatorios

Desde el punto de vista procesal, y a los efectos de su exclusión del control judicial, es de interés la distinción entre actos que no causan estado, actos firmes o consentidos y actos confirmatorios.

Actos que no causan estado son aquellos que no expresan de manera definitiva la voluntad de la organización administrativa en que se producen, porque contra los mismos puede y debe interponerse un recurso ante el superior jerárquico del órgano que los dictó, antes de acudir a la vía judicial. No agotan la vía administrativa.

Pues bien, según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) ponen fin a la vía administrativa y por consiguiente, causan estado  pueden ser judicialmente impugnados:

  1. Las resoluciones de los recursos de alzada;

  2. Las resoluciones dictadas por órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, dictadas en sustitución del recurso de alzada en procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación o arbitraje.

  3. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.

  4. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca;

  5. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

En la Administración local causan estado:

  1. Los actos del Pleno, Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiere la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la CCAA, o cuando actúen por delegación de un ente superior.

  2. Los actos de autoridades y órganos inferiores, cuando resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.