2.2. La eficacia de los actos administrativos. Demora en la eficacia e irretroactividad

La demora en la eficacia del acto administrativo, es decir, el retraso en la producción de sus efectos propios, que puede originarse:

  • porque así lo exija la naturaleza del acto (hasta la toma de posesión no es eficaz el nombramiento del funcionario),

  • porque el contenido accidental que incluya una condición suspensiva o término inicial así lo establezca, o

  • porque la eficacia quede supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

Además, el acto ya eficaz puede dejar de producir efectos en los casos de suspensión.

Irretroactividad. La proyección de la eficacia del acto sobre el tiempo pasado se gobierna por la regla general de la irretroactividad, principio sin excepción para los actos de gravamen o limitación de derechos en aplicación inexcusable del art. 9.3 CE que sanciona “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”

Para los actos favorables o ampliativos, el principio general es también la irretroactividad. Sin embargo, es posible la eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados y cuando produzcan efectos favorables al interesado, pero exigiéndose dos requisitos:

  1. que los supuestos de hecho necesarios existieren ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

  2. que esta eficacia retroactiva no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

En este caso el TS parece imponer la eficacia retroactiva a los actos dictados tanto en sustitución de actos anulables como de actos nulos de pleno derecho cuando razones de justicia material así lo exijan. En favor de este criterio se alegan los principios de buena fe, seguridad jurídica, legalidad y de confianza legítima.

Por otro lado, el requisito de que no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas, no juega o no se exige en vía de reclamación para los actos resolutorios de recursos o respecto las sentencias judiciales cuando un nuevo acto se dicta para sustituir otro anulado, pues lo contrario frustraría la funcionalidad de aquellos recursos y sentencias, cuya estimación implica la corrección hacia el pasado de los efectos del acto anulado y su sustitución por que hubiera debido dictarse.