5.3. La evolución de la legislación sobre contratación administrativa

El Estado constitucional decimonónico puso orden, claridad y progreso en la temática de la contratación pública en dos aspectos. Primero en el plano jurisdiccional, y en segundo lugar, se procedió a la regulación de los procedimientos de adjudicación de toda suerte de contratos, imponiendo, en principio, la regla de la subasta pública.

La regulación de los procedimientos comienza con el Real Decreto de Bravo Murillo de 1852. Esta normativa tenía por finalidad lograr una contratación más eficaz y prevenir los fraudes que por las colusiones entre contratistas y funcionarios pudieran originarse por la contratación directa. Los procedimientos de selección de contratistas pasan después al capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911, reformada por la Ley de 20 de diciembre de 1950.

La situación empezó a cambiar con el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 1953. Poco tiempo después, la Ley de Bases de Contratos del Estado de 1963 procedió a una regulación exhaustiva de la contratación pública estatal, pues en ella se recoge la anterior normativa sobre procedimientos de selección de contratistas, se imponen ex lege los criterios de distinción entre los contratos civiles y administrativos, y se procede a una regulación exorbitante y favorable a la Administración de las relaciones contractuales derivadas de los contratos que la Ley considera y define como contratos administrativos típicos: obra pública, gestión de servicios públicos y suministros.

La entrada de España en la UE obligó a incorporar a nuestro OJ las directivas UE sobre procedimientos en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y obras y los celebrados en los sectores del agua, energía, transportes y telecomunicaciones.