5.4. Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de contratos del sector público

El art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala que su objeto es regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto, una eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más generosa.

La Ley distingue entre AAPP, Poderes Adjudicatarios, y otros Sujetos del Sector Público, categorías a las que se aplica de mayor a menor intensidad el régimen legal.

Forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:

  • La AGE, las Administraciones de las CCAA y las entidades que integran la Administración local.

  • Las entidades gestoras y los servicios comunes de la SS.

  • Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las universidades públicas, las agencias estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

  • Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de determinadas entidades del sector público sea superior al 50%.

  • Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el art. 6.5 de la Ley 30/1992.

  • Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados por dichas entidades.

  • Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la SS.

  • Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

  • Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados.