6.5. Las garantías

La regulación de las garantías de los contratos públicos es distinta según que éstos sean celebrados por entes, organismos y entidades del sector público que tengan o no tengan la consideración de AAPP. No tiene sentido esta distinción ya que la finalidad de las garantías es la salvaguarda de los caudales públicos con que se sufragan todos los contratos de los entes del sector público.

En los contratos de los entes públicos que no tienen la consideración de AAPP, el órgano de contratación dispone de la más amplia discrecionalidad para exigir la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato para asegurar la correcta ejecución de la prestación.

Para los contratos que hayan sido celebrados por entes que tienen la consideración de AAPP, la ley regula dos formas de garantía: la garantía provisional y la garantía definitiva.

La garantía provisional es exigible a todos los participantes en un procedimiento de licitación. Tanto su importe como el régimen de devolución se determinarán en los pliegos de condiciones, y su cuantía no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del contrato, pudiendo prestarse en cualquier de las formas previstas para la garantía definitiva depositándola en la Caja General de Depósitos o ante el órgano de contratación. Se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva, y por el contrario, será incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

El adjudicatario del contrato podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional queda cancelada de forma simultánea.

La garantía definitiva tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las prestaciones previstas en el contrato y, por consiguiente, solo es exigible a los que resulten adjudicatarios provisionales. Su importe asciende a un 5% del importe de la adjudicación, excluido el IVA, pudiendo llegar en casos especiales al 10%. El órgano de contratación podrá prescindir de esta garantía justificándolo adecuadamente en los pliegos.

Las garantías podrán prestarse en efectivo o en valores de deuda pública, mediante aval o mediante contrato de seguro de caución. Cuando la garantía se presta mediante un contrato de seguro, este negocio jurídico sufre importantes modificaciones a favor del ente público: la falta de pago de la prima no otorga derecho al asegurador para resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en el caso de que éste deba hacer efectiva la garantía.