6.7. La conflictividad de la contratación pública

Desde que se arbitraron procedimientos para la selección de los contratistas, los principales conflictos suscitados en torno a los contratos han sido los relativos a su adjudicación. La compleja normativa comunitaria para reforzar el principio de libre concurrencia ha supuesto un aumento de la conflictividad y ha impuesto garantías suplementarias para la resolución de las reclamaciones. Las más significativa es la introducción de un recurso en vía administrativa y la atribución de su sustanciación y resolución a órganos específicos.

Además, sigue presente el histórico problema del reparto jurisdiccional de competencias entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la civil.

Los supuestos especiales a los que se aplica el recurso especial de carácter potestativo se definen por el tipo contractual y la naturaleza de los actos, excluyéndose en todo caso los acuerdos de adjudicación que se efectúen por el trámite de emergencia. En cuanto a los contratos a que se aplica este régimen son los siguientes:

  • Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el sector público y el sector privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada.

  • Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000€, y

  • Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del IVA sea superior a 500.000€ y el plazo de duración superior a 5 años, así como contratos subvencionados a que se refiere el art. 17.

Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos:

  • Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

  • Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.

  • Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.