8.4. Las prerrogativas de la Administración

La Ley prescribe que “El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”. Lo que no dice la Ley aquí es si después la Administración, además, puede ejecutar dichas resoluciones.

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de dichos acuerdos se instrumentan algunas garantías a favor del contratista. En este sentido deberá darse audiencia al contratista, emitirse informe por el servicio Jurídico correspondiente, siendo además preceptivo el informe del Consejo de Estado u otro órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, en los casos de:

  • Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.

  • Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas sea superior a un 20% del precio original del contrato, y éste sea igual o superior a 6.000.000€.

En todo caso -y esto es fundamental porque otorga al órgano de contratación un poder superior al de un juez de primera instancia- los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

Además la ley reconoce a la Administración la competencia de potestad sancionadora directa al margen de su pacto en el contrato, consistente en imponer determinadas sanciones pecuniarias que igualmente pueden ser inmediatamente ejecutadas, mediante la oportuna deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía constituida.