8.5. La extinción de los contratos administrativos

El cumplimiento del contrato tiene lugar cuando el contratista haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.

Asimismo la Ley pretende que el cumplimiento del contrato se acredite formalmente, de modo que no produzca efectos dicho cumplimiento -lo que permitirá, entre otras medidas, la retención de la fianza, aunque sin abusar por parte de la Administración- hasta el momento en que la Administración misma constate, mediante un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente al haberse producido, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas, la entrega del objeto del contrato.

La Ley no reconoce a la Administración un poder de resolución sustantivo por simples razones de interés público. Por consiguiente, su potestad resolutoria general consiste únicamente en imponerla de forma unilateral sin más formalidad que un informe preceptivo, pero no vinculante, del Consejo de Estado u órgano equivalente autonómico, cuando se formule oposición del contratista, además del previo informe del servicio jurídico correspondiente.

Por el contrario, cuando la causa de resolución consiste en el incumplimiento de la Administración, el contratista debe solicitarla de ésta u recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa si le es negada.

La Ley, como causas específicas que justifican la resolución por la Administración, consigna las siguientes: la muerte, incapacidad, extinción de la personalidad jurídica, quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores del contratista o el incumplimiento o demora por parte del mismo. En caso de acuerdo entre ambas partes se podrá resolver el contrato siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.