8.7. Cesión de los contratos, subcontratación y pagos a subcontratistas y proveedores

La Ley de Contratos del Sector Público admite tanto la cesión del contrato como la subcontratación. La primera supone que el cesionario asume la total responsabilidad contractual que corresponde al cedente en el momento de la cesión, quedando éste libre de responsabilidad; mientras que en la subcontratación el contratista de la Administración concierta con un tercero la realización de parte de la prestación asumida, sin que por ello se libere de su responsabilidad frente a la Administración.

La cesión del contrato se sujeta a previa autorización del órgano de contratación y se condicionará a dos circunstancias: que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y que éste tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato, o cuando se trate de la gestión de un servicio público, haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. Además es preciso que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y que acredite la misma solvencia exigida al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición para contratar. La cesión, que se formalizaré en escritura pública entre cedente y cesionario, supondría que éste queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

También podrá el contratista subcontratar con terceros no inhabilitados o incursos en prohibiciones para contratar la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza o condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario hasta un porcentaje que no exceda del 60% del importe de la adjudicación. La infracción de las condiciones para la subcontratación dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.

La subcontratación podrá tener carácter obligatorio cuando así se advierta en el anuncio o en los pliegos de condiciones, dentro de un porcentaje de la prestación que en su conjunto no supere el 30% del importe del presupuesto del contrato, siempre y cuando dicha prestación o prestaciones sean susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional.