13.11. El derecho constitucional a las garantías procesales y la actividad administrativa sancionadora

La CE condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración a la observancia de determinados procedimientos y garantías judiciales posteriores. Así el art. 105 impone a la administración la necesidad de actuar y, por ello, de sancionar a través de un procedimiento administrativo con un trámite de audiencia, y el art. 106 reconoce el derecho a revisar los actos sancionadores ante una instancia judicial.

El TC ha declarado aplicable el artículo 24 CE que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, la potestad sancionadora de la Administración debe ejercerse de acuerdo con las garantías establecidas en los art. 6 y 7 del Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales y consiguiente jurisprudencia del Tribunal Europeo.

La primera garantía en el ejercicio de la potestad sancionadora es, sin duda, la de la exigencia de un procedimiento sancionador.

La Ley 40/2015 RJSP afirma que el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá la instrucción del procedimiento legal establecido, y que en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento. Por otra parte, siguiendo el esquema de la jurisdicción penal, en los procedimientos sancionadores debe estar separada la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

Entre los principios de rigurosa observancia está el derecho de audiencia y defensa, al que expresamente alude el artículo 24 CE, derecho que el TC concreta en el trámite de audiencia y el derecho a aportar pruebas de descargo frente a la acusación.. Este derecho ha sido desarrollado por la LRJAP-PAC que integra en ellos siguientes derechos:

  1. A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso pudieran imponerse, así como la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya la competencia.

  2. A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.