14.6. Las manifestaciones pasadas y presentes de la actividad arbitral

El ejercicio de funciones arbitrales entre particulares por la Administración no es una novedad pues la atribución exclusiva de los conflictos entre particulares a los jueces civiles ha sido siempre objeto de notables excepciones.

La legislación administrativa sobre bienes públicos susceptibles de utilización privativa por los particulares como bienes afectos al fomento de la riqueza nacional, recurre a la potestad arbitral para ordenar el aprovechamiento de estos recursos, pues en esa gestión se producen conflictos entre particulares, cuya resolución va a ser atribuida a la Administración y a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en segundo término.

La actividad arbitral de la Administración se ha manifestado también a través de organismos especializados que constituyeron verdaderas jurisdicciones especiales.

Un viejo supuesto de jurisdicción especial es la actividad arbitral administrativa sobre auxilios y salvamentos y responsabilidades por accidentes marítimos.

La Ley de Navegación Aérea de 1960 atribuye a la Administración Aeronáutica la asistencia y salvamento de aeronaves y la investigación y determinación de las responsabilidades en los casos de accidente (art. 34).

La relación de estos organismos arbitrales puede seguir con el ya fenecido Tribunal Arbitral del Ahorro de 1929.

Otro supuesto de jurisdicción especial y actividad arbitral lo constituyó el Tribunal Arbitral de Seguros de 1940.

En materia de transportes, se establecieron las Juntas de Detasas, creadas en 1932, en las que no existía ningún representante de la carrera judicial, estando formadas íntegramente por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.