16.9. La responsabilidad por actos de la Administración de justicia

La Ley de Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común remite la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia a lo establecido por la LOPJ.

La LOPJ reguló en efecto la responsabilidad del Estado declarando (igual que la CE), la responsabilidad del Estado por los daños causados en cualesquiera de los bienes y derechos de los particulares.

También en este caso se exige que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizable, sin que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales presuponga por sí sola derecho a indemnización.

La reclamación se dirigirá al Ministerio de Justicia en el plazo de un año a partir del día en que pudo ejercitarse la acción y se tramitará con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado, procediendo recurso contencioso-administrativo en caso de denegación.

La LOPJ regula dos clases de responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, el error judicial y la responsabilidad por prisiones indebidas.