16.10. La responsabilidad del Estado por actos del poder legislativo

El funcionamiento del poder legislativo puede originar también daños y perjuicios a los ciudadanos en los mismos o parecidos términos que los demás poderes del estado.

Aquí se puede tratar de aquellos supuestos en que la Ley produce una desposesión de bienes o servicios de entes privados o de actividades lícitas a favor del sector público.

En la práctica la Ley en estos casos funciona de forma arbitraria y discriminatoria, indemnizando, ya que el mismo daño puede resultar o no resarcible según que se infiera por uno u otro órgano del Estado.

Ejemplos: Ley 29/1985, al nacionalizar las aguas subterráneas, se respeta los derechos ya ejercitados, es decir, los aprovechamientos privados existentes. No así la Ley 22/1989, de Costas, que ha buscado evitar todo tipo de indemnización por la privación de propiedades antes privadas sobre la zona marítima.

Más difíciles de resolver son los supuestos de simple prohibición de una actividad (por razones de riesgo o peligro), ¿Deben soportar en solitario los particulares afectados por la prohibición el coste de esta medida de interés general, o tienen derecho a ser indemnizados? Por último, está el caso de los daños ocasionados por leyes que una sentencia del TC declare después nulas. Dichos daños deben ser indemnizados en la forma y medida en que lo son originados por una resolución o disposición reglamentaria que se declare ilegal.