18.2. Los modelos orgánicos de justicia administrativa

Las reticencias del Ejecutivo durante el primer constitucionalismo para dejarse enjuiciar por el poder judicial han determinado una evolución progresiva de la Justicia Administrativa, encarnada en los sucesivos modelos que muestran el lento pero continuado abandono del inicial rechazo a que la Administración fuera controlada por los jueces comunes. Un rechazo que en principio llevó a configurar la Justicia Administrativa como una jurisdicción especial integrada en el poder ejecutivo y servida por funcionarios. La presión política a favor de su traspaso a los jueces civiles dio origen a otros dos sistemas:

  • El sistema armónico español, que consistía en reunir a jueces y funcionarios en unos mismos tribunales.

  • Y el italiano, instaurado en 1856 que reparte la competencia entre la Jurisdicción civil y la Administrativa, asignando a la primera los conflictos sobre los derechos y a la segunda los que versan sobre intereses.

Por último, y en eso estamos ahora, la eliminación de las reticencias al control judicial pleno ha llevado a la creación dentro del sistema judicial de un orden propio de la misma entidad y nivel que los otros órdenes jurisdiccionales (civil, penal o laboral) para los asuntos administrativos.

Muy tempranamente (artículo 58 de la constitución de Bayona) se asumió en España el sistema de jurisdicción especial administrativa, servida por funcionarios. De éste sistema que no llego a estrenarse, las Cortes de Cádiz pasan a encomendar todos los asuntos contenciosos de la Administración a la justicia civil, en la que tampoco durarían mucho por las vicisitudes políticas de la época. Del modelo de justicia civil se retorna de nuevo al modelo francés de justicia administrativa que había previsto la Constitución de Bayona y que efectivamente instauran, en 1845, las Leyes de creación del consejo Real (después de Estado) y los Consejos provinciales.