18.3. Ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa

¿Es garantista o controladora de la legalidad la Justicia administrativa española? La Justicia administrativa ha sido mutante y ahora persigue ambas finalidades. Nacida como un sucedáneo de la protección de derechos que de otra forma conocerían los jueces civiles, desarrolló lentamente una forma de control de la legalidad al margen de que la actividad administrativa encausada lesionara o no derechos subjetivos.

En la actualidad la justicia administrativa española es una Justicia subjetiva o garantista de derechos de una parte y, al tiempo, una justicia de control de la legalidad. Por ello su ámbito competencial se afirma en términos de generalidad sobre todos los conflictos que origina la actividad de las Administraciones Públicas: “Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación” (art. 1 de la Ley Jurisdiccional).

En los orígenes en nuestro país del sistema de justicia administrativa, a mediados del siglo XIX, la materia contencioso-administrativa, susceptible de enjuiciamiento, se limitaba a determinados conflictos enumerados en las leyes de creación del Consejo Real o de Estado y de los Consejos provinciales, caracterizados por ser conflictos de derechos en los que se esgrimía una petición sustantiva frente a la Administración (reclamaciones tributarias, daños ocasionados por las obras públicas, impago de sueldos etc.), no admitiéndose un recurso de simple anulación contra cualesquiera actos administrativos. El ámbito competencial de la jurisdicción contencioso-administrativa se irá ampliando en la Ley de Santamaría de Paredes de 1888 y en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, hasta que finalmente la Ley de la Jurisdicción de 1956 estableció la competencia jusrisdiccional sobre una amplia cláusula general, en la que se estableció que “la Jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho administrativo y con las disposiciones de categoría inferior a la ley”.

Se admite así en esta Ley el recurso contra reglamentos, y se incorpora la legitimación por interés, aceptándose asimismo el control de la discrecionalidad de la Administración.