19.3. El procedimiento contencioso-administrativo de primera o única instancia

La Ley Jurisdiccional regula un procedimiento común de primera o única instancia que responde básicamente a ese patrón revisor, pero con diversas matizaciones en su configuración según el tipo de pretensión ejercitada. Además, reinstaura dos procedimientos especiales:

  • El procedimiento de protección de derechos fundamentales y

  • El procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos, e instaura uno nuevo

  • La cuestión de ilegalidad de reglamentos.

El procedimiento en primera o única instancia general se inicia de forma diferente según los diversos tipos de conflictos: proceso de lesividad, conflictos entre Administraciones o Entes públicos y recursos de particulares contra éstas.

  • En el proceso de lesividad (es decir, cuando la Administración autora de algún acto pretenda en virtud de este privilegio autodemandarse, en el generoso plazo de 4 años desde que dictó un acto ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa) deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público.

    • Después, el recurso de lesividad se iniciará por demanda a la que se acompañará la declaración de lesividad y el expediente administrativo. En los litigios entre Administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa. Sin embargo, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, deberá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a la que esté obligada.

  • El recurso contencioso-administrativo común, es decir, el que comienza a instancia de particulares contra la Administración, se iniciará por un escrito de interposición reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso. Se acompañarán al escrito de interposición:

    1. documento que acredite la representación del compareciente;

    2. los documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título;

    3. copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran. O indicación del expediente en que haya recaido el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado.

    4. el documento que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación. No siempre es necesario iniciar el proceso mediante el escrito de interposición. Este trámite no es necesario en el recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan terceros interesados que podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho, acompañando los documentos antes dichos.