01.5. La Administración y los jueces

La Administración ostenta poderes cuasi-judiciales (potestad sancionadora, arbitral y privilegio de decisión ejecutoria de sus actos). En la LOPJ de 1870 se prohibió a los jueces y tribunales “mezclarse directa o indirectamente en asuntos peculiares a la Administración del Estado, ni dictar reglas o disposiciones de carácter general acerca de la aplicación o interpretación de las leyes” (incriminando penalmente la conducta del juez). Su fundamento se encuentra en la idea de que juzgar a la Administración es también administrar, por lo que atribuir esta función a los jueces se entiende como una infracción al principio constitucional de la separación de poderes.