Interventor

Profesional que fiscaliza ciertas actividades para que se lleven a cabo conforme a la legalidad.

Su actividad se centra en la intervención económica y financiera.

Se le puede encontrar, por tanto, ejerciendo funciones relacionadas con el control y la fiscalización de la legalidad de los gastos, así como de los ingresos públicos y la contabilidad.

Los ámbitos en los que realiza estas tareas son, fundamentalmente, organismos públicos como administraciones locales o Seguridad Social, pero también puede desarrollar su actividad en la banca.